Fabián Madrigal | 23/02/2026

Los días 16 y 17 de febrero de 2026, una delegación de eurodiputados, encabezada por Javier Zarzalejos (PPE) y Raquel García Hermida-van der Walle (Renew), ha mantenido una intensa agenda de reuniones con la cúpula del poder judicial y ejecutivo en España. El objetivo central: supervisar el cumplimiento de los estándares europeos del Estado de Derecho.

En el centro de estas conversaciones ha destacado el papel de la Inteligencia Artificial y otras herramientas avanzadas. Se reconoce que estas tecnologías tienen un potencial transformador: por un lado, pueden abrir las puertas de la justicia a los ciudadanos, agilizando trámites que antes tardaban años; por otro, presentan riesgos reales si no se gestionan con ética, pudiendo crear barreras o sesgos que lleguen a dificultar el acceso equitativo a la protección legal.

Asimismo, la delegación europea ha subrayado que la tecnología no solo cambia los tribunales, sino también “la calle”. Las plataformas digitales son hoy el escenario principal donde la ciudadanía española ejerce su derecho a la opinión pública. Es a través de estos canales tecnológicos donde la sociedad vigila, debate y se pronuncia sobre la salud de nuestro Estado de Derecho, convirtiendo la participación digital en un pilar de la vigilancia democrática.

Finalmente, se ha hecho hincapié en que la modernización del sistema judicial no puede dejarse al azar. La digitalización de la justicia es un paso clave y urgente, pero requiere un seguimiento estricto y constante por parte de las autoridades parlamentarias y judiciales. Solo mediante una supervisión rigurosa se podrá garantizar que esta transición tecnológica se ejecute de forma correcta, protegiendo siempre los derechos fundamentales y su acceso a todos los españoles.